Financiamiento Universitario

Una familia decide matricular a su hijo en un jardín infantil de la JUNJI. De ahí, el niño pasa a una escuela básica y luego, a un colegio de enseñanza media. Puede egresar de cuarto medio, con un relativo éxito en las notas y sin que sus padres hayan desembolsado un solo peso, mientras ha durado todo este proceso de 14 años.

Debe rendir la PSU y postular a la Universidad.

A la familia y al alumno se le presenta el problema que al nivel que está postulando, no existe la posibilidad de ingresar a una institución de educación superior, de propiedad estatal, y tan gratuita como fue su etapa de colegio.

Debe, entonces, buscar maneras de financiar sus estudios. Las becas son escasas y para personas muy vulnerables. No queda otra alternativa que el endeudamiento. Y no dudan, aunque tampoco es tan fácil de conseguir. Pero, los padres, ante la posibilidad del título universitario de su hijo, firmarán el formulario que les pongan por delante.

¿Y quien podría culparlos de eso?

El conflicto se presenta cuando el alumno postula a una Universidad estatal, con financiamiento del Estado y que, a la hora de cobrar, no se diferencia de las Universidades privadas.

Días atrás, un matutino indicaba en primera página, que el arancel promedio de la Universidad de Chile, asciende a 2,470 millones de pesos anuales. ¿Universidad Estatal?

Recordemos que a comienzos de los ochenta, la dictadura, en pleno florecimiento del neoliberalismo económico, dispuso que las Universidades estatales deberían autofinanciarse. Se acababa el apoyo del Estado para su financiamiento.

La Universidad de Chile y el resto de la Universidades estatales, se vieron obligadas a competir a la alza, con sus aranceles.

Y hasta el día de hoy, esta política respecto a las Universidades estatales no ha variado: neoliberalismo puro.

Si hacemos algo más de historia, llegaremos al tiempo que la matrícula de la Universidad de Chile era diferenciada según los ingresos de las familias de los alumnos.

Quién más tenía, más cancelaba. Análogamente, los sectores más desfavorecidos, cancelaban un arancel menor y, en los casos que así se justificaran, los alumnos podían quedar absolutamente becados.

No se hablaba, en ese tiempo de quintiles o de ingresos familiares o de la encuesta CASEN. Todos los alumnos, por el sólo hecho de matricularse, eran adscritos a este sistema de pago. Nadie se planteaba endeudarse para financiar sus estudios.

Claramente, esta política de financiamiento de los estudios superiores obedecía a una visión más solidaria de la función que la Universidad de Chile debía cumplir frente a la sociedad.

De hecho, a nadie se le ocurría alegar por la diferencia que las familias de menores ingresos cancelaban como arancel. Se suponía que, por cada estudiante universitario que se recibía, era el país que se veía favorecido, porque con el ejercicio profesional de ese alumno, Chile crecía.

Eran otros tiempos, demasiados solidarios. Muchísimos profesionales que hoy ejercemos, no habríamos podido recibirnos de no ser por este sistema de cobro.

La discusión de la educación gratuita, hoy en día, se discute en términos de montos para financiar los estudios. Está en tela de juicio el interés anual de estos préstamos que se acumulan mientras el estudiante avanza en su carrera y mientras, una vez ejerciendo, empieza a cancelar.

Días atrás el Ministro de Educación, en conferencia de prensa, planteaba que, rebajando un tanto por ciento el interés citado, una familia, en vez de cancelar 150 mil pesos mensuales por el préstamo, iba a cancelar sólo 115 mil pesos. ¿Tenemos una solución ad portas?

Claramente, lo que se debe atacar es la política neoliberal sobre el financiamiento de las Universidades estatales.

No podría asegurar que el sistema con aranceles diferenciado, es la solución a todos los problemas de los alumnos. Pero sin duda, que genera menos resquemores en la sociedad.

Es distinto que un alumno no pueda ingresar a la Universidad porque no tiene como financiar los estudios, a que ese mismo alumno ingrese y, una vez dentro, se le fije un arancel tal, que pueda pagarlo de acuerdo a los ingresos familiares.

La diferencia de financiamiento, debería plantearse como un monto tal que el fisco se haga cargo.

Durante el gobierno de la Unidad Popular, se realizó en la Universidad de Chile, un plebiscito para dirimir una larga lista de situaciones políticas y administrativas de esta Casa de Estudios.

Uno de los puntos que se planteaban, era una reforma constitucional en la que se definía el monto del aporte estatal, con el cual la Universidad de Chile debería financiarse año a año. Esta reforma constitucional contaba con el apoyo de la Unidad Popular y con los partidos que constituían el Frente Universitario. Estaba en discusión el porcentaje del presupuesto nacional que sería de la Universidad.

Ganó el porcentaje que planteaba el Frente Universitario. Es dable imaginar lo que podría significar para una Universidad estatal, que el monto del aporte estatal estuviera fijado en la Constitución Política del Estado.

Sin duda que a todos los ministro de economía y hacienda del período de la dictadura, más los del actual gobierno, les daría náuseas una situación de este tipo.

Pero hoy, en el Congreso, un proyecto equivalente podría contar con los votos para transformarse en ley.

Con esto se rompería la política neoliberal de financiamiento universitario y se lograría, para las Universidades estatales, una política más redistributiva y solidaria.

Y no saldría tanto más cara. De hecho, los préstamos CORFO para estudios superiores cuentan con aval estatal. Así que cuando un deudor deja de pagar, es el Estado el que responde. ¿Por qué no pasar directamente estos fondos a las Universidades, en vez de hacerlo a instituciones financieras, que lucran de estos préstamos?

Se lograría así que los aranceles de las Universidades estatales competirían a la baja con los aranceles de las Universidades privadas. O sea, se define para las estatales un servicio a prestar, no un mercado por el cual competir.

Se lograría así, también, que un alumno que postula a una carrera de una Universidad estatal, no tenga un impedimento económico para ingresar y que baste sólo con un buen desempeño escolar y una adecuada PSU para ingresar. Porque una vez dentro, el monto del arancel, debería ser posible cancelar por su familia.

Y para gran orgullo de sus padres, el estudiante podría recibirse y salir al mercado laboral sin tener, a sus espaldas, una gran deuda por un crédito creado en una época de gran inspiración neoliberal.

Estaríamos recién en condiciones de empezar a hablar de educación gratuita…