Si una familia no
cuenta con los recursos económicos para elegir alguna otra alternativa, el
Estado debe garantizarle a sus hijos e hijas, el acceso a una educación gratuita
y de calidad. Hasta hoy, esa gratuidad existe entre el jardín infantil y cuarto
medio.
Pero al egresar, los alumnos se enfrentan a dos situaciones,
que también deberían ser evitadas desde el Estado. La primera de ellas, es que la
familia no cuenten con recursos económicos propios como para optar a cualquier
alternativa de educación superior y el alumno deba ingresar al mercado laboral.
La segunda situación, es la gran diferencia de calidad que
existe entre los colegios particulares pagados y la educación que hoy está a
cargo de los municipios y la subvencionada. Los puntajes de las pruebas de
acceso a la universidad, arrojan diferencias abismales. Se dan el contrasentido
de alumnos que, obteniendo excelentes promedios de notas en colegios
municipales, no alcanzan los puntajes mínimos de postulación.
Se ve aquí, claramente, el problema de gratuidad y calidad
que mencionábamos más arriba.
La reforma de la que se habla, debería entonces garantizar
que, la educación estatal, sea de tal calidad, que achique la brecha de
puntajes entre los colegios, según el origen de estos. Tarea no fácil y,
tampoco, de corto plazo. Pero, urge empezar desde ya a trabajar en este aspecto.
Y, una vez egresado, el alumno debería tener las
posibilidades para que, bajo ciertas condiciones, pudiera entrar a estudiar una
carrera profesional, sin que el arancel pueda significar un impedimento, ni que
tampoco, obtenga su título con una deuda que demorará años en lograr
cancelarla.
Logramos con esto, que si una familia de modestos recursos, matricula a
su hijo o hija en un jardín infantil, tengan la seguridad que todo el costo de
esa educación estará garantizada por el estado, hasta el momento que el alumno
egrese de la educación superior. Naturalmente, que habrá que ir logrando metas
según los niveles que se superan. Pero, el esfuerzo que hace la familia se
reduce sólo a apoyar al niño en su estudio. No debe lidiar, mensualmente, con
el arancel.
Aquellas familias que cuenten con más recursos económicos, podrán
optar por colegios cuyas propuestas se ofrecen en el mercado. Ya sean de orden
religioso o de exigencias académicas. Estos son contratos privados entre la
familia y el colegio que acepta al niño. Lo mismo ocurre con las universidades.
Podrán optar, sabiendo que deben cancelar mensualmente lo que cueste ese
establecimiento.
Es un problema entre las posibilidades económicas de las
familias con las alternativas que ofrece el mercado. No tiene nada que ver el estado, como no sea exigirle a esos colegios stándares mínimos de calidad profesional.
El punto de conflicto está dado por los colegios subvencionados.
Se nutren de aportes estatales. O sea, dineros generados por todos nosotros. De
ahí entonces, que sea tan conflictivo hablar de utilidades o copagos. Si el
estado financia, esos dineros deberían asegurar educación de mejor calidad Y
debería bastar con esos recursos. No recurrir a los apoderados. Y menos llevarse esos dineros para la casa...
La discusión de estos temas, pareciera que está recién
comenzando…
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