Aula Segura

Según el proyecto de ley, que se ha dado en llamar, “Aula Segura”, si un alumno cae dentro de las conductas violentas qué definidas en el articulado, el director tendrá facultades para expulsar del colegio, casi inmediatamente, al alumno.

De manera tal que, quien sea supuestamente, aprehendido después de agresiones físicas a terceros o es sorprendido portando elementos prohibidos, deberá cambiarse de colegio. Es dable pensar que el municipio tomará medidas para que ese alumno prosiga sus estudios, en otro colegio dentro de la comuna.

Puede darse el caso, que todos aquellos que, en virtud de “Aula Segura”, sean expulsados de un liceo de excelencia, deberán irse a otro, que no tenga la característica de ser tan de excelencia. Claramente, esta política traerá consigo una separación entre los liceos. ¿Qué se podría decir de aquel que recoja a todos aquellos alumnos que fueron expulsados, previamente?

Terminaríamos, entonces, teniendo algunos colegios de excelencia. Otros que no serían tan de excelencia, pero con cierto prestigio académico. Y, por último, tendríamos los “que botó la ola”. O sea, los que reunieron a aquellos alumnos que fueron obligados a cambiarse de establecimiento, para que el municipio logre que el aula sea más segura.

Por otro lado, dado un estallido de violencia, en un liceo determinado, en el cual el director, en función a sus nuevas facultades, determina la expulsión de uno o más alumnos. Podría ser factible, que, por el tipo de violencia, el tema deba seguir tratándose en la justicia ordinaria. Imaginemos que, luego de un debido proceso, los jueces terminan declarando inocentes al o los expulsados.

¿Cuál palabra es la que debería primar? ¿La del director que consideró que el alumno era culpable de lo que se le acusaba, razón por la cual debía irse del liceo, o la de los jueces, que luego de un debido proceso, concluyen que ese estudiante era inocente de lo que se le acusaba, contradiciendo al director?

La respuesta es obvia.

Así que, también, cabría preguntarse, si el alumno expulsado es considerado, judicialmente, inocente, ¿debería volver a su liceo de origen?

Más que buscar la respuesta a estas preguntas, cabría preguntarse, porque el proyecto de ley, presentado por el ejecutivo, deja estos flancos al descubierto.

Tal vez, el proyecto no esté del todo acabado y el ejecutivo se apresuró en presentarlo.

De hecho, queda la impresión que, frente a la violencia por parte de sectores de alumnos, quienes lo patrocinan, prefieren atacar los efectos de la violencia y no sus causas.

Cambio en Educación: Varela y Cubillos

El nombramiento de Marcela Cubillos como ministro de educación, lleva inevitablemente consigo, preguntarse cuál es el perfil que deben tener quienes son nombrados ministros.

Claramente, son políticos que cuentan, por definición, con la confianza del presidente de la república, quien los nombra por si y ante sí. Pero esta esta cualidad, no depende de ellos, Es externa a sus perfiles.

Sin duda que el ministro de energía, bienes nacionales, economía, obras públicas o educación, obedecen a distintas profesiones o aspectos de la vida cotidiana de nuestro país. Cada ministerio tiene sus propias particularidades, esferas de acción, profesionales de diferentes áreas y se esperan, por ende, resultados distintos.

Es dable esperar que el ministro de obras públicas inaugure puentes caminos, represas o poblaciones de viviendas sociales, asuntos que no se pueden exigir del ministro de educación.

Sin embargo, se le puede exigir, que tenga clara una cosmovisión de lo que el gobierno desea construir en educación, preescolar, básica, media o superior. Cosmovisión que debe incluir valores a transmitir, contenidos, evaluaciones, organigramas, manejo político para lograr los objetivos de la cartera. Debe dialogar o lidiar con profesores, alumnos, en más de algún caso con apoderados e, incluso, con los funcionarios del ministerio. Estamentos que coinciden en no tener interés alguno en escucharlo.

El ministro debe, entonces, ser capaz de tener las respuestas que necesita todo el país, aún cuando no se esté de acuerdo. Después de escucharlo, a nadie debería caberle duda, hacia dónde marchan los esfuerzos del gobierno.

Característica primordial de este ministerio. Más aún, si consideramos que el titular de esta cartera debería ser un hombre que venga del mundo de la docencia o que posea los conocimientos y tenga la experiencia en educación, para darse a entender, dentro de estos límites, ante todos los estamentos.

Gerardo Varela, prestigioso abogado, independiente pro UDI y articulista de El Mercurio. Sin duda, que asumió con sus mejores intenciones, pero no provenía del mundo político. Desconocía el comportamiento que se espera a ese nivel y su ironía lo perdió.

El presidente Piñera lo reemplazó por Marcela Cubillos. Su curriculum: militante de la UDI, diputada por dos períodos, en Ñuñoa y Providencia, y ministro del medio ambiente del primer gobierno del actual presidente, después que perdió su reelección a la cámara.

No es dable esperar de ella, una exposición sobre lo que debería ser la educación en Chile. Su mayor experiencia, al respecto, es que formó parte de la comisión de educación, mientras fue diputada.

Aunque tal vez, estamos adelantándonos a los hechos y Marcela Cubillos nos puede dejar sorprendidos por los planteamientos que haga sobre educación, cada vez que hable con la prensa. O que muestre una fuerte disposición al diálogo y una gran destreza política, cuando tenga Federaciones de alumnos gritando, en la Alameda, frente a las puertas del Ministerio.

De no ser así, podríamos pensar que su nombramiento, obedeció a otras razones. Tal vez, políticas: debía ser un militante de la UDI para mantener el equilibrio dentro del gabinete. También podrían ser de influencias familiares. O, simplemente, al presidente, se le ocurrió nombrarla a ella y lo hizo, sin otra expectativa mayor que le sea leal y capaz de blindarlo, cuando los dardos vayan dirigidos al gobierno.

Total, después de este cambio de gabinete, quedó flotando en el aire, que, frente a las variaciones sobre aceptación y rechazo, que muestran las encuestas, los ministros no son mucho más que una moneda de cambio para mantener la popularidad en la opinión pública.

Educación de gratuita y de calidad

 Si una familia no cuenta con los recursos económicos para elegir alguna otra alternativa, el Estado debe garantizarle a sus hijos e hijas, el acceso a una educación gratuita y de calidad. Hasta hoy, esa gratuidad existe entre el jardín infantil y cuarto medio.

Pero al egresar, los alumnos se enfrentan a dos situaciones, que también deberían ser evitadas desde el Estado. La primera de ellas, es que la familia no cuenten con recursos económicos propios como para optar a cualquier alternativa de educación superior y el alumno deba ingresar al mercado laboral.

La segunda situación, es la gran diferencia de calidad que existe entre los colegios particulares pagados y la educación que hoy está a cargo de los municipios y la subvencionada. Los puntajes de las pruebas de acceso a la universidad, arrojan diferencias abismales. Se dan el contrasentido de alumnos que, obteniendo excelentes promedios de notas en colegios municipales, no alcanzan los puntajes mínimos de postulación.

Se ve aquí, claramente, el problema de gratuidad y calidad que mencionábamos más arriba.

La reforma de la que se habla, debería entonces garantizar que, la educación estatal, sea de tal calidad, que achique la brecha de puntajes entre los colegios, según el origen de estos. Tarea no fácil y, tampoco, de corto plazo. Pero, urge  empezar desde ya a trabajar en este aspecto.

Y, una vez egresado, el alumno debería tener las posibilidades para que, bajo ciertas condiciones, pudiera entrar a estudiar una carrera profesional, sin que el arancel pueda significar un impedimento, ni que tampoco, obtenga su título con una deuda que demorará años en lograr cancelarla.

Logramos con esto, que si  una familia de modestos recursos, matricula a su hijo o hija en un jardín infantil, tengan la seguridad que todo el costo de esa educación estará garantizada por el estado, hasta el momento que el alumno egrese de la educación superior.  Naturalmente, que habrá que ir logrando metas según los niveles que se superan. Pero, el esfuerzo que hace la familia se reduce sólo a apoyar al niño en su estudio. No debe lidiar, mensualmente, con el arancel.

Aquellas familias que cuenten con más recursos económicos, podrán optar por colegios cuyas propuestas se ofrecen en el mercado. Ya sean de orden religioso o de exigencias académicas. Estos son contratos privados entre la familia y el colegio que acepta al niño. Lo mismo ocurre con las universidades. Podrán optar, sabiendo que deben cancelar mensualmente lo que cueste ese establecimiento.

Es un problema entre las posibilidades económicas de las familias con las alternativas que ofrece el mercado. No tiene nada que ver el estado, como no sea exigirle a esos colegios stándares mínimos de calidad profesional.

El punto de conflicto está dado por los colegios subvencionados. Se nutren de aportes estatales. O sea, dineros generados por todos nosotros. De ahí entonces, que sea tan conflictivo hablar de utilidades o copagos. Si el estado financia, esos dineros deberían asegurar educación de mejor calidad Y debería bastar con esos recursos. No recurrir a los apoderados. Y menos llevarse esos dineros para la casa...

La discusión de estos temas, pareciera que está recién comenzando…

¿Y los profesores...?

Cualquiera sea el resultado final de la reforma educacional que está empezando a discutirse en el Congreso, quienes finalmente, deberán llevarla a cabo, en cada sala de clases a la cual entren, serán los profesores.

Todos y cada uno de ellos.

Es conveniente preguntarse ¿cuánto de los 8.300 millones de dólares que el Gobierno pretende recaudar con su reforma tributaria, serán destinados a mejorar las condiciones de vida de este gremio?

No sacamos nada con hablar de grandes objetivos educacionales, si el profesor o profesora llega a la edad de jubilar y debe seguir trabajando, puesto que los fondos acumulados, durante toda una vida dedicada a la docencia, no le permiten una pensión digna.

Muy a menudo, se puede leer en la prensa, declaraciones respecto a la baja calidad profesional que se encuentra dentro del gremio de los profesores. Se echa la culpa a una inadecuada preparación en las escuelas de pedagogía o al cero interés que presentan estas carreras dentro de los jóvenes postulantes.

Poco sirve, además, hablar de gratuidad o copago, si existen profesiones cuyo sueldo inicial para el joven recién titulado, es el doble de lo que gana un profesor en la misma situación. Así, cualquier interés se va al suelo.

No es tema, desgraciadamente, discutir, entre todas las partes involucradas, cuál debería el sueldo para un profesor recién titulado, al momento de ingresar a una escuela o colegio municipal o subvencionado.

Tampoco es tema, determinar cuál debería ser el monto de un sueldo digno de un profesor con 30 o más años de servicio docente. Y no se obtendrá nada en limpio, si al hablar de carrera docente, se revuelve todo, pero se dejan las mismas cifras.

Desgraciadamente, si no se llega a nada al respecto, la reforma educacional corre el riesgo que su valor no sea mayor al valor del papel en que está escrita…