Aula Segura

Según el proyecto de ley, que se ha dado en llamar, “Aula Segura”, si un alumno cae dentro de las conductas violentas qué definidas en el articulado, el director tendrá facultades para expulsar del colegio, casi inmediatamente, al alumno.

De manera tal que, quien sea supuestamente, aprehendido después de agresiones físicas a terceros o es sorprendido portando elementos prohibidos, deberá cambiarse de colegio. Es dable pensar que el municipio tomará medidas para que ese alumno prosiga sus estudios, en otro colegio dentro de la comuna.

Puede darse el caso, que todos aquellos que, en virtud de “Aula Segura”, sean expulsados de un liceo de excelencia, deberán irse a otro, que no tenga la característica de ser tan de excelencia. Claramente, esta política traerá consigo una separación entre los liceos. ¿Qué se podría decir de aquel que recoja a todos aquellos alumnos que fueron expulsados, previamente?

Terminaríamos, entonces, teniendo algunos colegios de excelencia. Otros que no serían tan de excelencia, pero con cierto prestigio académico. Y, por último, tendríamos los “que botó la ola”. O sea, los que reunieron a aquellos alumnos que fueron obligados a cambiarse de establecimiento, para que el municipio logre que el aula sea más segura.

Por otro lado, dado un estallido de violencia, en un liceo determinado, en el cual el director, en función a sus nuevas facultades, determina la expulsión de uno o más alumnos. Podría ser factible, que, por el tipo de violencia, el tema deba seguir tratándose en la justicia ordinaria. Imaginemos que, luego de un debido proceso, los jueces terminan declarando inocentes al o los expulsados.

¿Cuál palabra es la que debería primar? ¿La del director que consideró que el alumno era culpable de lo que se le acusaba, razón por la cual debía irse del liceo, o la de los jueces, que luego de un debido proceso, concluyen que ese estudiante era inocente de lo que se le acusaba, contradiciendo al director?

La respuesta es obvia.

Así que, también, cabría preguntarse, si el alumno expulsado es considerado, judicialmente, inocente, ¿debería volver a su liceo de origen?

Más que buscar la respuesta a estas preguntas, cabría preguntarse, porque el proyecto de ley, presentado por el ejecutivo, deja estos flancos al descubierto.

Tal vez, el proyecto no esté del todo acabado y el ejecutivo se apresuró en presentarlo.

De hecho, queda la impresión que, frente a la violencia por parte de sectores de alumnos, quienes lo patrocinan, prefieren atacar los efectos de la violencia y no sus causas.

El Financiamiento de la Integración

833 millones de dólares es el costo, de aquí al 2023, que el informe financiero, adjunto a la presentación del proyecto de reforma tributaria ante el Congreso, le otorga a la reforma de la integración.

O sea, este es el costo para el país, que los accionistas de empresas afectas al artículo 14 B de la ley de impuesto a la renta, suban del 65% a 100%, el crédito por impuesto de primera categoría. En otras palabras, es el costo que el sistema pase de ser semi-integrado a ser integrado total. El sistema vuelve, entonces, a lo que era antes de la reforma de Michelle Bachelet.

En el artículo 14 B, están, principalmente, todas las sociedades anónimas, sean abiertas o cerradas. O sea, las empresas más grandes de Chile, las que, sin agotar la lista, cotizan en bolsa, las que conforman el IPSA, AFP, ISAPRES, compañías de seguros, grandes tiendas, mineras, todas las empresas de servicios básicos. Podríamos seguir muchas líneas más.

Pero no dejemos pasar que, los accionistas extranjeros, propietarios de empresas nacionales, al momento de llevarse a sus países, los dividendos distribuidos, también se verán favorecidos, puesto que, al aumentar el crédito del 65 al 100%, rebajan el impuesto adicional que grava a los dineros distribuidos el exterior.

Grosso modo, todo lo mencionado tiene el costo de los 833 millones, en los próximos 5 años, que menciona el proyecto de ley.

Según el mismo informe, y lo expresado por el Presidente Piñera en una entrevista en Megavisión, la mayor fuente de ingresos de este proyecto, se le asume a la boleta electrónica.

O sea, obligar a todos los comerciantes a utilizar un sistema de boletas electrónicas, así como las facturas hoy, implicará, según el gobierno, un ingreso, producto de un mayor cobro de IVA, de 1.175 millones de dólares al 2023. El presidente añadió que, estas boletas electrónicas, llevarán separado el neto de la venta y el IVA correspondiente.

El mayor ingreso no se dará por un mayor crecimiento del país, sino porque se asume que, emitir boletas electrónicamente, disminuirá la evasión. Esa menor evasión, corresponde a los 1.175 millones.

Algunas líneas, acerca del IVA.

El impuesto al valor agregado no es un impuesto distributivo. Todos los consumidores pagamos la misma tasa, por cualquier compra afecta: 19%. Se dice, además, que los sectores de menores ingresos pagan, proporcionalmente, más IVA que los sectores pudientes. Básicamente, porque destinan un altísimo porcentaje a gastos cotidianos de vida. Los sectores con mayores posibilidades suman, a sus gastos, cada mes, educación, ahorro, dividendos, que no están afectos a este impuesto. Técnicamente, es un impuesto regresivo.

Además, este impuesto lo pagamos todos los chilenos. No existe alguien que pueda decir que vive, hoy en día, evitando el pago de este impuesto en sus compras, directa o indirectamente. Paradojalmente, nadie puede estar en desacuerdo con una política que intente bajar la evasión.

Pero, en definitiva, según el gobierno, este mayor ingreso más otros ingresos menores, permitirán que la reforma presentada tenga, al año 2023, un superávit de 450 millones de dólares.

Claramente, sería descabellado presentar una reforma tributaria que no se financie a si misma.

Aunque, en el caso que analizamos, se destinarán los 1.175 millones de dólares recaudados por el pago de todos los chilenos, a financiar los 833 millones que beneficiarán, directamente, a los accionistas de las empresas que, hoy, tributan en el 14 B de la ley de impuesto a la renta, que vimos más arriba.

El gobierno anuncia que devolverá el 100% del crédito, a un grupo de contribuyentes, (el SII no ha dicho cuántos son), casi como una medida de justicia y que, esta menor tributación, favorecerá la inversión y el crecimiento.

Pero calla y no dice que este mayor costo para el Fisco chileno, lo pagaremos todos aquellos ciudadanos que debemos soportar el cobro de IVA, cotidianamente, en cada una de nuestras compras.

Así, la señora Juanita no logrará entender porque el almacén de la esquina le subió el precio a las cuatro marraquetas, el cuarto de mortadela y el pan de mantequilla, que ella compra para agasajar a las comadres que van a tomar once a su casa. No hay como explicarle que el almacenero subió sus precios, porque ahora que no puede evadir, debe traspasar ese mayor gasto a precio.

Tampoco hay como explicarle que ese mayor IVA que está pagando, más la menor evasión del almacenero, estarán contribuyendo a juntar los 1.175 millones de dólares que se necesitan, para financiar este proyecto de reforma tributaria.

Integración Tributaria

La integración tributaria, en términos generales, implica que, cuando el accionista persona natural, calcula su global complementario en base a dividendos percibidos, al impuesto que debe pagar al fisco, se le descuenta el monto que la empresa pagó de impuesto por esos dividendos. Esta cantidad que la empresa le traspasa al accionista, se llama Crédito por impuesto de primera categoría.

La integración tributaria, es la relación que existe entre el global complementario del accionista persona natural y el impuesto que la sociedad pagó y que el accionista puede aprovechar, como crédito.

Esta integración es el eje principal de nuestro sistema tributario y existe en Chile, desde 1984, con la ley de impuesto a la renta, que promulgó el gobierno militar.

Desde su creación, el crédito por el impuesto pagado por las empresas podía ser aprovechado en 100% por todas las empresas. Esto rigió entre el año 1984 y el 2016.

Sólo en el año 2017,  la reforma de Michelle Bachelet, hizo un cambio, cuando dispuso que el crédito disponible, para los accionistas del Artículo 14 B, de la ley de impuesto a la renta, solo podía aprovecharse en 65%.

El gobierno de Piñera, en el proyecto que ingresó al Congreso, el jueves 17 de agosto, devuelve a este crédito, la disponibilidad de 100%. O sea, retrotrae la situación a lo que había antes de la reforma de Bachelet.

El artículo 14 B, citado, incluye, fundamentalmente, a todas las sociedades anónimas que existen en nuestro país.

Para mayor claridad, veamos un caso numérico.

Tomemos el caso de un contribuyente que recibió, durante un año,
dividendos por $6.000.000 mensuales. O sea, $72.000.000 en el año.
Con este monto, el contribuyente queda afecto a la tasa marginal de 35%,
las más alta de la tabla del global complementario.
Estos dividendos, en la sociedad anónima que los distribuyó, pagaron
un impuesto de 27%. O sea, $19.440.000.-
La situación del contribuyente, en su global complementario, entonces,
sería:
Dividendos percibidos			72,000,000
Incremento			19,440,000
Base bruta global			91,440,000
Según la tabla para calcular el global complementario, vigente en
la última operación renta, de abril de 2018, el impuesto por pagar,
de esa base bruta global, sería:
Base bruta global			91,440,000
Impto. Global por pagar:			18,859,356
(35%, menos $13.144.644,48)
O sea, el contribuyente que tomamos de ejemplo, debería pagar al Fisco,
esa cantidad: $18.859.356.
Pero, aquí es donde el sistema integrado aparece en todo su esplendor e
indica que antes de pagar ese impuesto de 18 millones y fracción, descuente
el impuesto que pagó la empresa. Se dice, entonces, que el impuesto
de primera categoría, pagado por la empresa, es un crédito contra el global
complementario de los accionistas. O sea:
Impto. Global por pagar:			18,859,356
menos:
Crédito por Impuesto de la empresa:			(19,440,000)
Remanente por devolver			(580,644)
En otras palabras, el contribuyente que recibió dividendos por 72 millones de
pesos, no sólo no debe cancelar peso alguno, sino que, además, le devuelven
580 mil pesos.
El crédito por el impuesto pagado por la empresa, es una diferencia entre este
proyecto presentado por el Gobierno de Piñera y la ley aprobada dutante el
gobierno de Bachelet.
El proyecto presentado, considera que el crédito contra el impuesto. Puede
aprovecharse en 100%. Por eso, en el ejemplo, se descuentan 19.440.000.-
Según la reforma de Michelle Bachelet, hoy vigente, este mismo contribuyente,
bajo las mismas circunstancias, tiene derecho a aplicar, sólo el 65% de dicho
crédito. El cálculo, entonces, resulta:
Impto. Global por pagar:			18,859,356
menos:
Crédito por Impuesto de la empresa:			(12,636,000)
Impuesto por pagar			6,223,356

Los resultados saltan a la vista.

Con la ley actual, la del gobierno de Michelle Bachelet, el contribuyente citado, debería pagar $6.223.356.

Según el proyecto de ley, del gobierno de Piñera, de repetir la situación anterior a la última reforma, le devuelven $580.644.-

Las conclusiones puede sacarlas cada uno.

Cambio en Educación: Varela y Cubillos

El nombramiento de Marcela Cubillos como ministro de educación, lleva inevitablemente consigo, preguntarse cuál es el perfil que deben tener quienes son nombrados ministros.

Claramente, son políticos que cuentan, por definición, con la confianza del presidente de la república, quien los nombra por si y ante sí. Pero esta esta cualidad, no depende de ellos, Es externa a sus perfiles.

Sin duda que el ministro de energía, bienes nacionales, economía, obras públicas o educación, obedecen a distintas profesiones o aspectos de la vida cotidiana de nuestro país. Cada ministerio tiene sus propias particularidades, esferas de acción, profesionales de diferentes áreas y se esperan, por ende, resultados distintos.

Es dable esperar que el ministro de obras públicas inaugure puentes caminos, represas o poblaciones de viviendas sociales, asuntos que no se pueden exigir del ministro de educación.

Sin embargo, se le puede exigir, que tenga clara una cosmovisión de lo que el gobierno desea construir en educación, preescolar, básica, media o superior. Cosmovisión que debe incluir valores a transmitir, contenidos, evaluaciones, organigramas, manejo político para lograr los objetivos de la cartera. Debe dialogar o lidiar con profesores, alumnos, en más de algún caso con apoderados e, incluso, con los funcionarios del ministerio. Estamentos que coinciden en no tener interés alguno en escucharlo.

El ministro debe, entonces, ser capaz de tener las respuestas que necesita todo el país, aún cuando no se esté de acuerdo. Después de escucharlo, a nadie debería caberle duda, hacia dónde marchan los esfuerzos del gobierno.

Característica primordial de este ministerio. Más aún, si consideramos que el titular de esta cartera debería ser un hombre que venga del mundo de la docencia o que posea los conocimientos y tenga la experiencia en educación, para darse a entender, dentro de estos límites, ante todos los estamentos.

Gerardo Varela, prestigioso abogado, independiente pro UDI y articulista de El Mercurio. Sin duda, que asumió con sus mejores intenciones, pero no provenía del mundo político. Desconocía el comportamiento que se espera a ese nivel y su ironía lo perdió.

El presidente Piñera lo reemplazó por Marcela Cubillos. Su curriculum: militante de la UDI, diputada por dos períodos, en Ñuñoa y Providencia, y ministro del medio ambiente del primer gobierno del actual presidente, después que perdió su reelección a la cámara.

No es dable esperar de ella, una exposición sobre lo que debería ser la educación en Chile. Su mayor experiencia, al respecto, es que formó parte de la comisión de educación, mientras fue diputada.

Aunque tal vez, estamos adelantándonos a los hechos y Marcela Cubillos nos puede dejar sorprendidos por los planteamientos que haga sobre educación, cada vez que hable con la prensa. O que muestre una fuerte disposición al diálogo y una gran destreza política, cuando tenga Federaciones de alumnos gritando, en la Alameda, frente a las puertas del Ministerio.

De no ser así, podríamos pensar que su nombramiento, obedeció a otras razones. Tal vez, políticas: debía ser un militante de la UDI para mantener el equilibrio dentro del gabinete. También podrían ser de influencias familiares. O, simplemente, al presidente, se le ocurrió nombrarla a ella y lo hizo, sin otra expectativa mayor que le sea leal y capaz de blindarlo, cuando los dardos vayan dirigidos al gobierno.

Total, después de este cambio de gabinete, quedó flotando en el aire, que, frente a las variaciones sobre aceptación y rechazo, que muestran las encuestas, los ministros no son mucho más que una moneda de cambio para mantener la popularidad en la opinión pública.

Lesa Humanidad y Libertad Condicional

Los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Las heridas que estos crímenes dejaron en los familiares de las víctimas, no cicatrizan.

Tal vez, por esta causa es que la decisión de la Corte Suprema, de permitir la libertad condicional de detenidos en Punta peuco, ha causado tanto revuelo. En estricto rigor, el argumento que da la Corte Suprema para otorgar estos beneficios, se debe a que, en cuerpo legal alguno, se indica que, a los condenados por delitos de lesa humanidad, no se les deben otorgar.

A los familiares de las víctimas, debe provocarles un gran escozor, ver que pueden salir de sus cautiverios, ex uniformados que no tuvieron conmiseración alguna, cuando se trató de ajusticiar a los detenidos. Incluso, saldrían con libertad condicional, algunos oficiales en retiro, que participaron en la macabra operación “retiro de televisores”.

No es difícil empatizar con los familiares de las víctimas. Sin embargo, vivimos en una sociedad democrática, que ha tratado de limpiarse de las lacras heredadas de la dictadura. Detener, juzgar dando derecho a un juicio justo y con plena defensa, para, posteriormente, dictar sentencia, es un tema de justicia, ejercido por uno de los tres poderes del estado.

Se dice que los victimarios no tuvieron tanta consideración con sus víctimas. Es altamente probable que así haya sido y qué, por eso, no se les debería otorgar libertad condicional. Desde la perspectiva del familiar de una de las víctimas, el tema pareciera correcto.

Pero, si no está indicado lo contrario, expresamente, en algún cuerpo legal, es poco lo que se puede hacer. Y, en este punto, debemos tener absolutamente claro que siempre debe tratarse de justicia y no venganza.

Diferencia que cuesta tener clara. Sin duda, es una línea muy delgada.

Gendarmería emitió un informe hace algunos años, indicando que estos reclusos, no mostraban arrepentimiento por los actos que fueron condenados.

Escuchándoles declaraciones a algunos detenidos, a algunos ex compañeros de armas de los detenidos e, incluso, a civiles que apoyaron irrestrictamente a la dictadura, es dable entender porque no muestran indicios de arrepentimiento.

La norma en estas declaraciones, es que ellos salvaron, sin lugar a dudas, a Chile de la dictadura comunista a la cual nos arrastraba el gobierno de Salvador Allende.

Posteriormente, debieron luchar contra el enemigo que pretendía derrocar al gobierno de las Fuerza Armadas, para poder reemplazarlo por un gobierno controlado desde Moscú. Todo esto, porque el comunismo internacional, no le perdonaba al General Pinochet que derrocara al gobierno de la Unidad Popular.

Desde esta perspectiva, la situación se ve tan clara, no sólo no hay de que arrepentirse, sino que nadie siquiera, debería haber sido encarcelado. Por el contrario, todos los chilenos deberíamos agradecer este tremendo esfuerzo que significó mantener a nuestro país, lejos de la órbita soviética. Difícil, entonces, encontrar gente más patriota que estos soldados que nos defendieron.

Pero si lo vemos desde el otro lado, estos ex uniformados, que hoy están condenados, formaron parte de la policía secreta de la dictadura, o de los organismos de seguridad del gobierno militar.

Y lo que se colige, en todas las dictaduras, que se pueden estudiar, a través de la historia moderna, es que estos funcionarios, a fin de cuentas y en pocas palabras, realizan el trabajo sucio que el dictador necesita, para mantenerse en el poder.

Mientras la dictadura se mantiene, los agentes están sobre el bien y el mal, tienen derechos sobre la vida y la muerte del resto de sus compatriotas y son el arma más confiable que dictador dispone, para mantener la calma interna.

El problema para estos funcionarios, surge cuando el régimen se ve en problemas.

Cuando llega la hora que el dictador fallece, es derrocado y debe arrancar, nunca, absolutamente nunca, se acuerda de sus agentes secretos, de los encargados del orden interno, a punta de crímenes, de su régimen. Casos como este, se pueden ver en la historia mundial: la Savak del Sha de Irán, la Stasi, en la RDA, los Tonton Macoutes de Chevalier, las SS en la Alemania Nazi y podemos seguir en una, desgraciadamente, muy larga lista.

A mayor abundamiento, recordemos que aquí, en Chile, todos estos oficiales y suboficiales, han ido cayendo detenidos, cada uno librado a su suerte, mientras que su jefe superior, falleció tranquilamente, en su cama. 

Lógicamente, entonces, que ninguno de los condenados por estos crímenes de Lesa Humanidad, nunca podrá mostrar arrepentimiento. Hacerlo, implica forzosamente, reconocer que asesinaron, no por la grandeza de Chile, sino por hacer el trabajo sucio, necesario, para que Pinochet siguiera en el poder, beneficiándose con todos estos crímenes de lesa humanidad.

En definitiva, la Corte Suprema sentó doctrina y seguirá, probablemente, ejerciendo sus atribuciones , otorgando otras libertades condicionales a quienes cumplan con los requisitos legales.

Y quienes sufrimos, de una u otra manera, la represión de estos organismos de seguridad de la dictadura, ya lo dijimos más arriba, no podemos perder de vista que se trata de justicia y no de venganza.

Sueldo Mínimo y trabajadores inmigrantes

Próxima a una nueva negociación para fijar el sueldo mínimo, la presidente de la CUT, Bárbara Figueroa, hace declaraciones, en la prensa, indicando que el piso, para este sueldo, debería ser $420.000 mensuales.

El ministro del trabajo, Nicolás Monckeberg, salta al ruedo, indicando que sería fantástico tener ese monto como mínimo, pero que es absolutamente inviable.

La prensa ha informado que Evópoli, presentará una indicación al proyecto de ley de inmigración que se discute en el Congreso, para cambiar el 15% de tope máximo que las empresas pueden tener de extranjeros como empleados, al 50%.

Si en Chile existiera pleno empleo, sin duda que el sueldo mínimo que se fijara en la negociación a la que hace alusión Bárbara Figueroa, sería solo una referencia. La necesidad de cubrir puestos de trabajos indispensables en las empresas, obligaría subir los sueldos que se ofrezcan.

En estas circunstancias, existen empleos que los trabajadores evitarían, porque los sueldos asociados, serían considerados muy bajos. Entonces, las empresas deberían subirlos o, simplemente, se quedan sin trabajadores. Todos, por supuesto, partirían a buscar las mejores perspectivas que ofrezca el mercado.

Se produciría la paradoja que el sueldo mínimo legal y el que pagara el mercado, no serían, necesariamente, el mismo.

Recordemos qué para considerar pleno empleo, no es estrictamente necesario que el desempleo llegue a cero.

Se llegaría, de rebote, a la situación que el mercado fijaría, de facto, el mínimo por el que un trabajador chileno, tomaría un determinado empleo.

Hoy existe una restricción para todas aquellas empresas que tiene más de 25 trabajadores, en el sentido que sólo pueden tener un 15% de trabajadores inmigrantes. La iniciativa de Evópoli, indica que las empresas con 200 o menos trabajadores, pueden contratar sin tope, extranjeros. Las con más de 200, pueden tener 50%.

La agrupación de derecha, fundamenta esta iniciativa, pensando en que los inmigrantes que han llegado a nuestro país, tengan opciones para conseguir empleo.

¿Cuál es el trasfondo?

Muchos de estos inmigrantes, están dispuestos a tomar empleos que, ya sea por la calidad o por el sueldo que se ofrece, los trabajadores chilenos, no los toman. En otras palabras, la llegada de inmigrantes, implica la llegada de trabajadores que están dispuestos a trabajar, por menos dinero.

Una empresa de 300 trabajadores, podría tener 150 extranjeros. Estos 150 extranjeros, tendrían un sueldo menor que el de los chilenos. De manera tal que, la empresa podría desvincular 150 chilenos, para contratar 150 extranjeros con menor sueldo.

Si tuviera menos de 200, Podría contratar 180 o 190 trabajadores extranjeros. Pingüe negocio para la empresa. Baja sus costos, cambiando la nacionalidad de sus trabajadores.

Evidentemente, con esta práctica, el mercado sufre un golpe gigantesco. Se acaba el juego del pleno empleo con mayores sueldos y se vuelve a tener un sueldo mínimo de total relevancia y que no sufra con los avatares del mercado.

Con inmigrantes desesperados por trabajar y con limites muy lejanos, las empresas podrán pagar lo mínimo, siempre habrá alguien dispuesto a tomarlo. O sea, la inmigración significa mano de obra barata.

La razón que esgrime esta agrupación política, que lo hace pensando en la situación de la nueva realidad que implica la presencia de los inmigrantes, en nuestro país, es sólo para lavar la imagen.

Tres conclusiones finales.

Una de ellas, es que Evópoli muestra su origen de derecha y neoliberal.

La segunda, es que, como lo indicó la Conferencia Episcopal años atrás, resulta incomprensible que existan trabajadores que trabajen toda la jornada y que reciben un sueldo que no les permite sacar, a su familia, de la línea de la pobreza.

 La tercera, es que, no porque puedan representar mano de obra barata, no los vamos a recibir. Por el contrario, el inmigrante no es el responsable de esta situación. Sólo toma la oportunidad que el mercado laboral chileno, le ofrece.

Aún así, pese a todo, no podemos cerrar la puerta a quienes cumplan, para inmigrar, con las condiciones que nuestro país fije para estos efectos.

Caminos de la Democracia Cristiana

Asume  como presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín. Elegido en votación directa, durante el mes de mayo, donde votaron más de 14 mil militantes. Cifra inédita por la convocatoria, en las elecciones de presidentes de partido, en nuestro país.

Fuad Chaín fue diputado hasta el período anterior. Perdió, por estrecho margen la senaturía en la Novena Región. De posiciones cercanas a quienes se reconocieron como los “colorines”, se echa encima la tarea de presidir un partido que, según algunos analistas, especialmente de derecha, estaría en crisis terminal. Sobre todo, después de la renuncia de Mariana Aylwin, Soledad Alvear y Gutenberg Martínez.

Crisis desmentida no sólo por la cantidad de militantes que votaron, sino, además, porque la DC, según la elección de diputados de diciembre último, fue el partido de oposición al actual gobierno, que mayor respaldo popular obtuvo, expresado en votos. Y quedó como el tercer partido, a nivel nacional. Sólo superado por la UDI y RN.

Aún así, la tarea por delante no se avizora fácil, ni despejada. Son varios los planos que esperan por una dirección clara y sostenida. Tanto dentro del partido como en su relación con el gobierno de derecha y con el resto de los partidos políticos, especialmente, los de oposición.

Internamente, recuperar la armonía interna, paradojalmente dañada por la candidatura de Carolina Goic, aunar posiciones y tratar de enfilar ese esfuerzo en una dirección, en la cual todos se sumen, logrando superar diferencias, limar asperezas y buscar aquellos consensos que tan populares fueron en la DC.

Frente al gobierno, la estrategia no está clara. No se ha decidido cual tipo de oposición tomará el partido. Desde cerrada y obstruccionista, hasta colaboracionista, un continuo muy amplio. El gobierno ha criticado sin piedad a la administración anterior, de la cual formó parte la Democracia Cristiana. Está por verse si el partido aceptará dichas críticas o tomará medidas en contra de esto. También está por verse si la Democracia Cristiana dejará pasar aquellos proyectos de ley con marcados tintes neoliberales, tan propios de la derecha autóctona.

Algo común  con los partidos de oposición, especialmente los que estuvieron en el gobierno de Michelle Bachelet: ninguno ha hecho una autocrítica por la causa que impulsó el triunfo del actual presidente. Esto conlleva a que no hay, aún, objetivos comunes entre la oposición. Tampoco se sabe si los habrá. Para la DC, un camino puede traducirse en un gran pacto que abarque todos los partidos que no están en el gobierno. O puede ser, también, que se llegue a un acuerdo sólo entre quienes conformaron la Concertación, O sea, DC, PS, PPD, PR. O, por último, insista en un camino propio, con su propia soledad.

Veremos cómo se va escribiendo la historia. Y como se va desenvolviendo la DC, con su nuevo presidente. La tarea no es fácil, los caminos no están pavimentados e, incluso, algunos van cuesta arriba…