Según el proyecto de ley, que se ha dado en llamar, “Aula
Segura”, si un alumno cae dentro de las conductas violentas qué definidas en el
articulado, el director tendrá facultades para expulsar del colegio, casi
inmediatamente, al alumno.
De manera tal que, quien sea supuestamente, aprehendido después
de agresiones físicas a terceros o es sorprendido portando elementos
prohibidos, deberá cambiarse de colegio. Es dable pensar que el municipio tomará
medidas para que ese alumno prosiga sus estudios, en otro colegio dentro de la
comuna.
Puede darse el caso, que todos aquellos que, en virtud de “Aula
Segura”, sean expulsados de un liceo de excelencia, deberán irse a otro, que no
tenga la característica de ser tan de excelencia. Claramente, esta política
traerá consigo una separación entre los liceos. ¿Qué se podría decir de aquel
que recoja a todos aquellos alumnos que fueron expulsados, previamente?
Terminaríamos, entonces, teniendo algunos colegios de
excelencia. Otros que no serían tan de excelencia, pero con cierto prestigio
académico. Y, por último, tendríamos los “que botó la ola”. O sea, los que reunieron
a aquellos alumnos que fueron obligados a cambiarse de establecimiento, para
que el municipio logre que el aula sea más segura.
Por otro lado, dado un estallido de violencia, en un liceo
determinado, en el cual el director, en función a sus nuevas facultades,
determina la expulsión de uno o más alumnos. Podría ser factible, que, por el
tipo de violencia, el tema deba seguir tratándose en la justicia ordinaria.
Imaginemos que, luego de un debido proceso, los jueces terminan declarando
inocentes al o los expulsados.
¿Cuál palabra es la que debería primar? ¿La del director que
consideró que el alumno era culpable de lo que se le acusaba, razón por la cual
debía irse del liceo, o la de los jueces, que luego de un debido proceso,
concluyen que ese estudiante era inocente de lo que se le acusaba,
contradiciendo al director?
La respuesta es obvia.
Así que, también, cabría preguntarse, si el alumno expulsado
es considerado, judicialmente, inocente, ¿debería volver a su liceo de origen?
Más que buscar la respuesta a estas preguntas, cabría
preguntarse, porque el proyecto de ley, presentado por el ejecutivo, deja estos
flancos al descubierto.
Tal vez, el proyecto no esté del todo acabado y el ejecutivo
se apresuró en presentarlo.
De hecho, queda la impresión que, frente a la
violencia por parte de sectores de alumnos, quienes lo patrocinan, prefieren
atacar los efectos de la violencia y no sus causas.
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