Aula Segura

Según el proyecto de ley, que se ha dado en llamar, “Aula Segura”, si un alumno cae dentro de las conductas violentas qué definidas en el articulado, el director tendrá facultades para expulsar del colegio, casi inmediatamente, al alumno.

De manera tal que, quien sea supuestamente, aprehendido después de agresiones físicas a terceros o es sorprendido portando elementos prohibidos, deberá cambiarse de colegio. Es dable pensar que el municipio tomará medidas para que ese alumno prosiga sus estudios, en otro colegio dentro de la comuna.

Puede darse el caso, que todos aquellos que, en virtud de “Aula Segura”, sean expulsados de un liceo de excelencia, deberán irse a otro, que no tenga la característica de ser tan de excelencia. Claramente, esta política traerá consigo una separación entre los liceos. ¿Qué se podría decir de aquel que recoja a todos aquellos alumnos que fueron expulsados, previamente?

Terminaríamos, entonces, teniendo algunos colegios de excelencia. Otros que no serían tan de excelencia, pero con cierto prestigio académico. Y, por último, tendríamos los “que botó la ola”. O sea, los que reunieron a aquellos alumnos que fueron obligados a cambiarse de establecimiento, para que el municipio logre que el aula sea más segura.

Por otro lado, dado un estallido de violencia, en un liceo determinado, en el cual el director, en función a sus nuevas facultades, determina la expulsión de uno o más alumnos. Podría ser factible, que, por el tipo de violencia, el tema deba seguir tratándose en la justicia ordinaria. Imaginemos que, luego de un debido proceso, los jueces terminan declarando inocentes al o los expulsados.

¿Cuál palabra es la que debería primar? ¿La del director que consideró que el alumno era culpable de lo que se le acusaba, razón por la cual debía irse del liceo, o la de los jueces, que luego de un debido proceso, concluyen que ese estudiante era inocente de lo que se le acusaba, contradiciendo al director?

La respuesta es obvia.

Así que, también, cabría preguntarse, si el alumno expulsado es considerado, judicialmente, inocente, ¿debería volver a su liceo de origen?

Más que buscar la respuesta a estas preguntas, cabría preguntarse, porque el proyecto de ley, presentado por el ejecutivo, deja estos flancos al descubierto.

Tal vez, el proyecto no esté del todo acabado y el ejecutivo se apresuró en presentarlo.

De hecho, queda la impresión que, frente a la violencia por parte de sectores de alumnos, quienes lo patrocinan, prefieren atacar los efectos de la violencia y no sus causas.