Educación de gratuita y de calidad

 Si una familia no cuenta con los recursos económicos para elegir alguna otra alternativa, el Estado debe garantizarle a sus hijos e hijas, el acceso a una educación gratuita y de calidad. Hasta hoy, esa gratuidad existe entre el jardín infantil y cuarto medio.

Pero al egresar, los alumnos se enfrentan a dos situaciones, que también deberían ser evitadas desde el Estado. La primera de ellas, es que la familia no cuenten con recursos económicos propios como para optar a cualquier alternativa de educación superior y el alumno deba ingresar al mercado laboral.

La segunda situación, es la gran diferencia de calidad que existe entre los colegios particulares pagados y la educación que hoy está a cargo de los municipios y la subvencionada. Los puntajes de las pruebas de acceso a la universidad, arrojan diferencias abismales. Se dan el contrasentido de alumnos que, obteniendo excelentes promedios de notas en colegios municipales, no alcanzan los puntajes mínimos de postulación.

Se ve aquí, claramente, el problema de gratuidad y calidad que mencionábamos más arriba.

La reforma de la que se habla, debería entonces garantizar que, la educación estatal, sea de tal calidad, que achique la brecha de puntajes entre los colegios, según el origen de estos. Tarea no fácil y, tampoco, de corto plazo. Pero, urge  empezar desde ya a trabajar en este aspecto.

Y, una vez egresado, el alumno debería tener las posibilidades para que, bajo ciertas condiciones, pudiera entrar a estudiar una carrera profesional, sin que el arancel pueda significar un impedimento, ni que tampoco, obtenga su título con una deuda que demorará años en lograr cancelarla.

Logramos con esto, que si  una familia de modestos recursos, matricula a su hijo o hija en un jardín infantil, tengan la seguridad que todo el costo de esa educación estará garantizada por el estado, hasta el momento que el alumno egrese de la educación superior.  Naturalmente, que habrá que ir logrando metas según los niveles que se superan. Pero, el esfuerzo que hace la familia se reduce sólo a apoyar al niño en su estudio. No debe lidiar, mensualmente, con el arancel.

Aquellas familias que cuenten con más recursos económicos, podrán optar por colegios cuyas propuestas se ofrecen en el mercado. Ya sean de orden religioso o de exigencias académicas. Estos son contratos privados entre la familia y el colegio que acepta al niño. Lo mismo ocurre con las universidades. Podrán optar, sabiendo que deben cancelar mensualmente lo que cueste ese establecimiento.

Es un problema entre las posibilidades económicas de las familias con las alternativas que ofrece el mercado. No tiene nada que ver el estado, como no sea exigirle a esos colegios stándares mínimos de calidad profesional.

El punto de conflicto está dado por los colegios subvencionados. Se nutren de aportes estatales. O sea, dineros generados por todos nosotros. De ahí entonces, que sea tan conflictivo hablar de utilidades o copagos. Si el estado financia, esos dineros deberían asegurar educación de mejor calidad Y debería bastar con esos recursos. No recurrir a los apoderados. Y menos llevarse esos dineros para la casa...

La discusión de estos temas, pareciera que está recién comenzando…