De tanto en tanto, nos enteramos de acciones que sobrepasan
la confianza pública. La sociedad se estremece, las alarmas quedan superadas y
cunde un clima de desesperanza, porque, mal que mal, dado un marco legal, todos
asumimos la buena fe de nuestros actos y de los del prójimo.
No importa si se trate se soborno, cohecho, negociación
incompatible, intereses incompatibles, tráfico de influencias, uso de información
privilegiada, lobby u otro ilícito.
Estos hechos tienen tres características. La primera de ellas,
es que estos abusos, atraviesan todo el aspecto social, en todas las
direcciones imaginables. Nadie está exento y ninguna institución a salvo. Ya
sea una oficina pública a cualquier nivel, iglesia, partido político, empresas
comerciales, clubes deportivos, corporaciones, etc. Nadie, entonces, puede señalar
a otro como más o menos corrupto o más malo o con peores intenciones.
La segunda característica, es que deben ser siempre
esclarecidos. La investigación que se haga debe ser lo más transparente que se
logre y los responsables deben pagar por ello. Dejar algo en una nebulosa o sin
explicar, sólo favorece que sigan realizándose y, a la larga, termina por minar
el prestigio que debe salvaguardar todo tipo de instituciones.
En estos días, hemos sido bombardeados por el escándalo desatado
en torno a Penta y la UDI, primero y después, por el préstamo conseguido,
aparentemente, por el hijo de la Presidente en el Banco de Chile.
Claramente, un hecho no lava al otro. Ningún sector puede
autodefinirse como mejor que el otro o justificando sus acciones, reflejadas en
la otra situación. Más aún, si lo llevamos in extremis, lo que haya hecho uno
de los actores, llegado el momento, no sirve ni como atenuante ni agravante, en
una sentencia judicial que involucre a otro de los actores.
Si los dineros que repartió Penta a candidatos a
parlamentarios, a través de la UDI, o que entregó al Subsecretario de Minería,
son constitutivos de delito, deberán ser juzgados por los tribunales
correspondientes.
El mismo análisis corre para los dineros recibidos por el
hijo de la Presidente. Y si, según pareciera, no son constitutivos de delito,
los organismos fiscalizadores deberán analizar el caso por si hubiera quedado
alguna sanción administrativa, al menos, involucrada en estos hechos.
La tercera característica, es que, en ambos casos, se trató
de flujos de dinero desde una gran institución comercial, hacia particulares, candidatos a
parlamentarios, en un caso, el hijo de la presidente y su señora, en otro. Ambos,
también, fueron autorizados por los controladores, tanto de la sociedad de
inversiones, como del banco…
Cabría preguntarse, entonces, cuales son las garantías que pidieron
por estos flujos de dinero, cuales los objetivos de los empresarios y el
banquero, para autorizarlos y que pensaban ganar con esta situación…
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