Integración Tributaria

La integración tributaria, en términos generales, implica que, cuando el accionista persona natural, calcula su global complementario en base a dividendos percibidos, al impuesto que debe pagar al fisco, se le descuenta el monto que la empresa pagó de impuesto por esos dividendos. Esta cantidad que la empresa le traspasa al accionista, se llama Crédito por impuesto de primera categoría.

La integración tributaria, es la relación que existe entre el global complementario del accionista persona natural y el impuesto que la sociedad pagó y que el accionista puede aprovechar, como crédito.

Esta integración es el eje principal de nuestro sistema tributario y existe en Chile, desde 1984, con la ley de impuesto a la renta, que promulgó el gobierno militar.

Desde su creación, el crédito por el impuesto pagado por las empresas podía ser aprovechado en 100% por todas las empresas. Esto rigió entre el año 1984 y el 2016.

Sólo en el año 2017,  la reforma de Michelle Bachelet, hizo un cambio, cuando dispuso que el crédito disponible, para los accionistas del Artículo 14 B, de la ley de impuesto a la renta, solo podía aprovecharse en 65%.

El gobierno de Piñera, en el proyecto que ingresó al Congreso, el jueves 17 de agosto, devuelve a este crédito, la disponibilidad de 100%. O sea, retrotrae la situación a lo que había antes de la reforma de Bachelet.

El artículo 14 B, citado, incluye, fundamentalmente, a todas las sociedades anónimas que existen en nuestro país.

Para mayor claridad, veamos un caso numérico.

Tomemos el caso de un contribuyente que recibió, durante un año,
dividendos por $6.000.000 mensuales. O sea, $72.000.000 en el año.
Con este monto, el contribuyente queda afecto a la tasa marginal de 35%,
las más alta de la tabla del global complementario.
Estos dividendos, en la sociedad anónima que los distribuyó, pagaron
un impuesto de 27%. O sea, $19.440.000.-
La situación del contribuyente, en su global complementario, entonces,
sería:
Dividendos percibidos			72,000,000
Incremento			19,440,000
Base bruta global			91,440,000
Según la tabla para calcular el global complementario, vigente en
la última operación renta, de abril de 2018, el impuesto por pagar,
de esa base bruta global, sería:
Base bruta global			91,440,000
Impto. Global por pagar:			18,859,356
(35%, menos $13.144.644,48)
O sea, el contribuyente que tomamos de ejemplo, debería pagar al Fisco,
esa cantidad: $18.859.356.
Pero, aquí es donde el sistema integrado aparece en todo su esplendor e
indica que antes de pagar ese impuesto de 18 millones y fracción, descuente
el impuesto que pagó la empresa. Se dice, entonces, que el impuesto
de primera categoría, pagado por la empresa, es un crédito contra el global
complementario de los accionistas. O sea:
Impto. Global por pagar:			18,859,356
menos:
Crédito por Impuesto de la empresa:			(19,440,000)
Remanente por devolver			(580,644)
En otras palabras, el contribuyente que recibió dividendos por 72 millones de
pesos, no sólo no debe cancelar peso alguno, sino que, además, le devuelven
580 mil pesos.
El crédito por el impuesto pagado por la empresa, es una diferencia entre este
proyecto presentado por el Gobierno de Piñera y la ley aprobada dutante el
gobierno de Bachelet.
El proyecto presentado, considera que el crédito contra el impuesto. Puede
aprovecharse en 100%. Por eso, en el ejemplo, se descuentan 19.440.000.-
Según la reforma de Michelle Bachelet, hoy vigente, este mismo contribuyente,
bajo las mismas circunstancias, tiene derecho a aplicar, sólo el 65% de dicho
crédito. El cálculo, entonces, resulta:
Impto. Global por pagar:			18,859,356
menos:
Crédito por Impuesto de la empresa:			(12,636,000)
Impuesto por pagar			6,223,356

Los resultados saltan a la vista.

Con la ley actual, la del gobierno de Michelle Bachelet, el contribuyente citado, debería pagar $6.223.356.

Según el proyecto de ley, del gobierno de Piñera, de repetir la situación anterior a la última reforma, le devuelven $580.644.-

Las conclusiones puede sacarlas cada uno.

Cambio en Educación: Varela y Cubillos

El nombramiento de Marcela Cubillos como ministro de educación, lleva inevitablemente consigo, preguntarse cuál es el perfil que deben tener quienes son nombrados ministros.

Claramente, son políticos que cuentan, por definición, con la confianza del presidente de la república, quien los nombra por si y ante sí. Pero esta esta cualidad, no depende de ellos, Es externa a sus perfiles.

Sin duda que el ministro de energía, bienes nacionales, economía, obras públicas o educación, obedecen a distintas profesiones o aspectos de la vida cotidiana de nuestro país. Cada ministerio tiene sus propias particularidades, esferas de acción, profesionales de diferentes áreas y se esperan, por ende, resultados distintos.

Es dable esperar que el ministro de obras públicas inaugure puentes caminos, represas o poblaciones de viviendas sociales, asuntos que no se pueden exigir del ministro de educación.

Sin embargo, se le puede exigir, que tenga clara una cosmovisión de lo que el gobierno desea construir en educación, preescolar, básica, media o superior. Cosmovisión que debe incluir valores a transmitir, contenidos, evaluaciones, organigramas, manejo político para lograr los objetivos de la cartera. Debe dialogar o lidiar con profesores, alumnos, en más de algún caso con apoderados e, incluso, con los funcionarios del ministerio. Estamentos que coinciden en no tener interés alguno en escucharlo.

El ministro debe, entonces, ser capaz de tener las respuestas que necesita todo el país, aún cuando no se esté de acuerdo. Después de escucharlo, a nadie debería caberle duda, hacia dónde marchan los esfuerzos del gobierno.

Característica primordial de este ministerio. Más aún, si consideramos que el titular de esta cartera debería ser un hombre que venga del mundo de la docencia o que posea los conocimientos y tenga la experiencia en educación, para darse a entender, dentro de estos límites, ante todos los estamentos.

Gerardo Varela, prestigioso abogado, independiente pro UDI y articulista de El Mercurio. Sin duda, que asumió con sus mejores intenciones, pero no provenía del mundo político. Desconocía el comportamiento que se espera a ese nivel y su ironía lo perdió.

El presidente Piñera lo reemplazó por Marcela Cubillos. Su curriculum: militante de la UDI, diputada por dos períodos, en Ñuñoa y Providencia, y ministro del medio ambiente del primer gobierno del actual presidente, después que perdió su reelección a la cámara.

No es dable esperar de ella, una exposición sobre lo que debería ser la educación en Chile. Su mayor experiencia, al respecto, es que formó parte de la comisión de educación, mientras fue diputada.

Aunque tal vez, estamos adelantándonos a los hechos y Marcela Cubillos nos puede dejar sorprendidos por los planteamientos que haga sobre educación, cada vez que hable con la prensa. O que muestre una fuerte disposición al diálogo y una gran destreza política, cuando tenga Federaciones de alumnos gritando, en la Alameda, frente a las puertas del Ministerio.

De no ser así, podríamos pensar que su nombramiento, obedeció a otras razones. Tal vez, políticas: debía ser un militante de la UDI para mantener el equilibrio dentro del gabinete. También podrían ser de influencias familiares. O, simplemente, al presidente, se le ocurrió nombrarla a ella y lo hizo, sin otra expectativa mayor que le sea leal y capaz de blindarlo, cuando los dardos vayan dirigidos al gobierno.

Total, después de este cambio de gabinete, quedó flotando en el aire, que, frente a las variaciones sobre aceptación y rechazo, que muestran las encuestas, los ministros no son mucho más que una moneda de cambio para mantener la popularidad en la opinión pública.

Lesa Humanidad y Libertad Condicional

Los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Las heridas que estos crímenes dejaron en los familiares de las víctimas, no cicatrizan.

Tal vez, por esta causa es que la decisión de la Corte Suprema, de permitir la libertad condicional de detenidos en Punta peuco, ha causado tanto revuelo. En estricto rigor, el argumento que da la Corte Suprema para otorgar estos beneficios, se debe a que, en cuerpo legal alguno, se indica que, a los condenados por delitos de lesa humanidad, no se les deben otorgar.

A los familiares de las víctimas, debe provocarles un gran escozor, ver que pueden salir de sus cautiverios, ex uniformados que no tuvieron conmiseración alguna, cuando se trató de ajusticiar a los detenidos. Incluso, saldrían con libertad condicional, algunos oficiales en retiro, que participaron en la macabra operación “retiro de televisores”.

No es difícil empatizar con los familiares de las víctimas. Sin embargo, vivimos en una sociedad democrática, que ha tratado de limpiarse de las lacras heredadas de la dictadura. Detener, juzgar dando derecho a un juicio justo y con plena defensa, para, posteriormente, dictar sentencia, es un tema de justicia, ejercido por uno de los tres poderes del estado.

Se dice que los victimarios no tuvieron tanta consideración con sus víctimas. Es altamente probable que así haya sido y qué, por eso, no se les debería otorgar libertad condicional. Desde la perspectiva del familiar de una de las víctimas, el tema pareciera correcto.

Pero, si no está indicado lo contrario, expresamente, en algún cuerpo legal, es poco lo que se puede hacer. Y, en este punto, debemos tener absolutamente claro que siempre debe tratarse de justicia y no venganza.

Diferencia que cuesta tener clara. Sin duda, es una línea muy delgada.

Gendarmería emitió un informe hace algunos años, indicando que estos reclusos, no mostraban arrepentimiento por los actos que fueron condenados.

Escuchándoles declaraciones a algunos detenidos, a algunos ex compañeros de armas de los detenidos e, incluso, a civiles que apoyaron irrestrictamente a la dictadura, es dable entender porque no muestran indicios de arrepentimiento.

La norma en estas declaraciones, es que ellos salvaron, sin lugar a dudas, a Chile de la dictadura comunista a la cual nos arrastraba el gobierno de Salvador Allende.

Posteriormente, debieron luchar contra el enemigo que pretendía derrocar al gobierno de las Fuerza Armadas, para poder reemplazarlo por un gobierno controlado desde Moscú. Todo esto, porque el comunismo internacional, no le perdonaba al General Pinochet que derrocara al gobierno de la Unidad Popular.

Desde esta perspectiva, la situación se ve tan clara, no sólo no hay de que arrepentirse, sino que nadie siquiera, debería haber sido encarcelado. Por el contrario, todos los chilenos deberíamos agradecer este tremendo esfuerzo que significó mantener a nuestro país, lejos de la órbita soviética. Difícil, entonces, encontrar gente más patriota que estos soldados que nos defendieron.

Pero si lo vemos desde el otro lado, estos ex uniformados, que hoy están condenados, formaron parte de la policía secreta de la dictadura, o de los organismos de seguridad del gobierno militar.

Y lo que se colige, en todas las dictaduras, que se pueden estudiar, a través de la historia moderna, es que estos funcionarios, a fin de cuentas y en pocas palabras, realizan el trabajo sucio que el dictador necesita, para mantenerse en el poder.

Mientras la dictadura se mantiene, los agentes están sobre el bien y el mal, tienen derechos sobre la vida y la muerte del resto de sus compatriotas y son el arma más confiable que dictador dispone, para mantener la calma interna.

El problema para estos funcionarios, surge cuando el régimen se ve en problemas.

Cuando llega la hora que el dictador fallece, es derrocado y debe arrancar, nunca, absolutamente nunca, se acuerda de sus agentes secretos, de los encargados del orden interno, a punta de crímenes, de su régimen. Casos como este, se pueden ver en la historia mundial: la Savak del Sha de Irán, la Stasi, en la RDA, los Tonton Macoutes de Chevalier, las SS en la Alemania Nazi y podemos seguir en una, desgraciadamente, muy larga lista.

A mayor abundamiento, recordemos que aquí, en Chile, todos estos oficiales y suboficiales, han ido cayendo detenidos, cada uno librado a su suerte, mientras que su jefe superior, falleció tranquilamente, en su cama. 

Lógicamente, entonces, que ninguno de los condenados por estos crímenes de Lesa Humanidad, nunca podrá mostrar arrepentimiento. Hacerlo, implica forzosamente, reconocer que asesinaron, no por la grandeza de Chile, sino por hacer el trabajo sucio, necesario, para que Pinochet siguiera en el poder, beneficiándose con todos estos crímenes de lesa humanidad.

En definitiva, la Corte Suprema sentó doctrina y seguirá, probablemente, ejerciendo sus atribuciones , otorgando otras libertades condicionales a quienes cumplan con los requisitos legales.

Y quienes sufrimos, de una u otra manera, la represión de estos organismos de seguridad de la dictadura, ya lo dijimos más arriba, no podemos perder de vista que se trata de justicia y no de venganza.