Antes de asumir

Nuevos aires empiezan a soplar por la Presidencia. Hoy el Tribunal Electoral declaró electo al candidato triunfador en las elecciones del 17 de enero.

La calma ha cubierto la arena política estas últimas dos semanas. Todo está en compás de espera, hasta la asunción del nuevo gobierno. A partir de ese punto, las pasiones volverán a rugir…

Aunque no es para engañarse, soterradamente, la política sigue en ebullición.

Tres puntos quiero destacar de estas semanas.

El primero, son los mensajes que, solapadamente, envía la derecha acerca de volver a la “democracia de los acuerdos”.

En la Cámara de diputados, la Alianza logra la mayoría juntándose con otras fuerzas. En el Senado, directamente, son minoría. Todas las leyes que el Gobierno quiera despachar, deben pasar por este filtro, obligatoriamente.

Hablar hoy de “democracia de los acuerdos” es tratar de arrastrar a la Concertación a un punto tal como devolverle la mano a la derecha, por todas aquellas leyes que apoyaron en tiempo de Aylwin. Es tratar que la Concertación en pos de este acuerdo, de luz verde a cuanto proyecto envíe el gobierno, sin entrar en profundidades. Es tratar de pasar por alto que son minoría en el Senado. Es ponerse el parche antes de la herida…

En pos de la verdad, la UDI tuvo un gran gesto hacia la Concertación cuando la Democracia Cristiana inscribió erróneamente sus candidatos a parlamentarios. El Congreso debió despachar, en forma urgente, todas las leyes necesarias para ampliar los plazos y así poder competir todos los partidos políticos. La Alianza concurrió con sus votos para solucionar un problema del cual no tenía arte ni parte. Longueira tuvo una destacada participación en pos de solucionarlo y, como corolario, le costó la presidencia de la DC a Ricardo Hormazábal…

Podemos mencionar otras leyes, tal vez no tan llamativas, pero que siempre contaron con la aprobación de los votos parlamentarios de la derecha.

Sin embargo, pese a toda la “democracia de los acuerdos”, la Alianza nunca prestó sus votos para aquellas leyes que pondrían en peligro su poder político. Varios proyectos para terminar el sistema binominal han sido presentados por los gobiernos concertacionistas. Todos fueron rechazados por la oposición. En este punto la “democracia de los acuerdos” no ha existido nunca, no se ha dado el brazo a torcer, ni siquiera el asunto se conversa.

El mismo camino siguió el proyecto del derecho a voto de los chilenos en el extranjero.

Tampoco prestó sus votos para la “píldora del día después”. Recurrió al Tribunal Constitucional e hizo todo lo posible para impedir dicha ley.

En otras palabras, la “democracia de los acuerdos” tenía un límite y bastante cercano…

¿Ese mismo límite, u otro más lejano, sigue vigente para la oposición que haga la Concertación o, por el contrario, en pos de los “acuerdos”, deben aprobarse todos los proyectos de ley con que el Gobierno entrante intentará marcar el paso?

Y esto nos lleva al segundo punto…

Al día siguiente de la elección presidencial, aparecieron dirigentes empresariales hablando de rebajar el salario mínimo y “flexibilizar el mercado laboral”.

Recordemos que cuando la derecha habla de “flexibilizar el mercado laboral” se refiere directamente, y sin ambages, al término de la indemnización por años de servicios, definida en el artículo 163 del Código del Trabajo.

Durante la campaña presidencial, el candidato de la Alianza siempre respondió el tema con evasivas y, hasta, donde pudieron, lo sacaron de la agenda. La Concertación y su candidato no tuvieron la fuerza para insistir en este tema, como punto débil de la candidatura que, a la postre, resultó ganadora.

Al día siguiente de la segunda vuelta, aparecieron conspicuos dirigentes gremiales empresariales lanzando dardos contra dicha indemnización. Con el transcurrir de los días, este clamor, que empezó tímidamente, ha ido tomando vuelo y ya se habla desembozadamente del tema.

Coinciden, los que se sienten con autoridad sobre el tema, que esta indemnización debe terminar, aumentando el seguro de cesantía que cubre a los trabajadores que quedan cesantes. Olvidan que ambas figuras son esencialmente distintas.

De hecho, parte del seguro de cesantía, lo paga el mismo trabajador y los subsidios son particularmente menores que cualquier indemnización. La indemnización, por su parte, es de cargo de la empresa, lo que molesta a los empresarios, sus montos son mayores y no se trata de un subsidio, sino una vuelta de mano por los años que el trabajador aportó al engrandecimiento de la empresa.

¿Cuándo el nuevo gobierno, presente este proyecto de “flexibilización laboral”, la Concertación, y en especial la DC, deberá dejarlo pasar, en atención a la “democracia de los acuerdos”?

Por último, como tercer punto, indiquemos que la última vez que se habló de fraude electoral, fue en las parlamentarias de marzo de 1973. Desde entonces, en ningún otro proceso eleccionario, incluido el plebiscito de 1988 y descartados la consulta de 1978 y el plebiscito de 1980, porque aunque tengamos sentido del humor debemos analizar en serio, no volvió a hablarse de fraude.

Recordemos que en la elección citada, la Confederación por la Democracia y la Unidad Popular llegaron prácticamente empatados al resultado final, con leve ventaja para la Confederación. La derecha alzó la voz diciendo que, el resultado final, sólo podía ser producto de fraudes por parte del gobierno de la época. Se presentaron escritos ante los tribunales de justicia para investigar estos hechos. Nunca se llegó a resultado alguno…

Pudimos leer en algunas entrevistas, a raíz de la última elección presidencial, declaraciones de nuevas figuras públicas reconociendo su miedo ante posibles fraudes en el resultado del 17 de enero.

Históricamente, en Chile, orgullosos de nuestra democracia representativa, nos reímos de aquellos procesos eleccionarios donde, al momento del escrutinio, se perdían votos, se robaban urnas o se atentaba contra los electores. Se trataba, sin duda, de repúblicas “bananeras”

¿Estaremos llegando a lo mismo en Chile?