El segundo gobierno de Michelle
Bachelet (MB) es el sexto desde la vuelta a la democracia y el quinto de las
fuerzas opositoras a la dictadura.
Su programa se caracterizó porque
ofrecía algunas reformas que no se había ofrecido en los gobiernos anteriores
de la Concertación.
De hecho, en el gobierno del
Presidente Aylwin se efectuó una fuerte reforma tributaria que afectó a todo el
sistema de rentas presuntas de la agricultura, el transporte y la minería. Esta
reforma se aprobó con votos de parlamentarios de derecha. La Concertación no
tenía mayoría en ambas cámaras, porque en el Senado estaban los senadores
designados que eran todos partidarios del régimen militar e identificados con
la derecha.
El gobierno de Frei modificó el
sistema escolar, alargando la jornada diaria de clases. Clara está que esta
reforma no cambió mucho más del sistema escolar vigente. Recorrió, eso sí, gran
parte de nuestro planeta firmando tratados bilaterales de comercio, que
terminaran con el aislamiento que la dictadura había sumido a Chile.
Ricardo Lagos siguió con esta
política y firmó, con la Unión Europea un tratado que nos convertía en socios.
También logró modificar el Código del Trabajo, en términos de considerar
improcedente el despido de un trabajador, por necesidades de la empresa. Las
empresas quedaban expuestas a ser llevadas a los tribunales laborales, si no
eran capaces de justificar despidos atenidos al artículo 161 del Código del
Trabajo. También modificó la Constitución política de nuestro país, en términos
tales que el nombre del dictador desapareció del texto legal junto a su cambio
más radical: la eliminación de los senadores designados. LA derecha dio los
votos necesarios para cumplir con los quórum, sólo cuando estos senadores
escogidos a dedo, pasaron a ser elegidos, en su mayoría, por la Concertación.
MB, en su primer gobierno, llevó
a cabo una gran reforma previsional que fue uno de los pilares que permitió
terminar su gobierno con una popularidad histórica. Modificó sueldos mínimos,
pensiones asistenciales, creó bonos para las madres que jubilaban. Reformas
todas, tendientes a favorecer a los sectores más desposeídos y para quienes la
jubilación, le vejez y viudez, es motivo de drama por la pérdida sus ya
menguados ingresos.
Todos los gobiernos anteriores
habían llevado a cabo algunas reformas. De hecho, en todos los gobiernos se
modificó la tasa del IVA o del impuesto de primera categoría o los tramos del
global complementario. También se reformó el Código Penal, que empezó con los
juicios orales y cuyo sistema de actuarios, llevaba una práctica superior a un
siglo.
Pero estos eran cambios
cosméticos, afirmaba la derecha. Pese a
todo, el sistema económico imperante era el mismo que había implantado
Pinochet, a comienzos de los ochenta. De hecho, seguía el argumento, lo único
que habían hecho todos los presidentes elegidos, era aprovecharse de estas
bases económicas y permitir que Chile pudiera seguir creciendo al 7% anual.
No dejaban de tener razón. Tal
vez no en la superficie, los gobiernos de la Concertación eran apoyados por
partidos políticos que le otorgan al estado, una iniciativa mucho más fuerte
que la utilizada por la dictadura. Esto se notó desde el primer momento del
gobierno de Aylwin, sobretodo, después que en 2 meses, septiembre y octubre de
1991, la inflación sumó 9%. Foxley tuvo
que recurrir a una agresiva conducta fiscal para combatir esta no tan incipiente
inflación.
Posteriormente, el precio
internacional del cobre, gracias al crecimiento de China, fue lo
suficientemente alto para permitir a todos los gobiernos disponer de caja que
se destinaba a inversiones públicas y planes de apoyo social que durante
Pinochet no se conocieron.
Pero en el fondo, todas estas
políticas no tocaban el fondo del tema: la gran derecha económica seguía
refugiada en sus inversiones, en el poder que manejaban y que no estaban,
obviamente, dispuesto a entregarlo. Sus refugios son las AFP, las ISAPRES, los
seguros, el sistema escolar subvencionado, las universidades privadas y todas
las empresas privatizadas durante el gobierno militar.
Su mayor arma, era el sistema
binominal de elección de parlamentarios. Con el 34% del electorado, la derecha
podía controlar la mitad del Congreso Nacional.
Este sistema ha logrado
mantenerse, con muy bajo perfil, sin verse amenazado, durante todos los
gobiernos posteriores a 1990. Sin embargo, Sebastián Piñera, elegidos con los
votos de la derecha y, mal que mal con
un pasado democratacristiano, logró que se aprobara, hacia el término de su
gobierno, el cambio del sistema binominal
de elección de parlamentarios a uno proporcional. Recordemos que hasta
la elección parlamentaria de marzo de 1973, la última antes del golpe de
estado, los parlamentarios en Chile, fueron elegidos mediante un sistema
proporcional.
Y empieza a requebrajarse el sistema.
Erigida como una gran alternativa
frente a la derecha, al terminar el gobierno de Sebastián Piñera, MB obtuvo una
amplia mayoría y una gran aceptación por parte del electorado. Tomó el mando
del gobierno con un alto nivel de expectativas y ofreciendo profundas reformas.
A poco andar, MB puso en marcha
su plan de reformas. El ministro Arenas encargado de la tributaria y Eyzaguirre
a cargo de la educacional.
El objetivo de la reforma tributaria
era aumentar los recursos fiscales, vía tributación, para poder financiar la reforma
educacional que ofrecía gratuidad del sistema educacional. Se hablaba de 8.300
millones de dólares de mayor recaudación fiscal.
También se presentó un proyecto de
reforma al Código del Trabajo, donde su objetivo apuntaba a fortalecer la
actividad sindical dentro de las empresas, en términos de aumentar la cantidad
de trabajadores del sector privado que pudieran negociar con las empresas.
Junto a esto, iba la indicación que las empresas no tendrían derecho a
reemplazar interna o externamente, a los trabajadores en huelga legal.
Como si fuera poco y aunque no
afecta los equilibrios macroeconómicos, está en el Congreso un proyecto para
despenalizar algunas causas de aborto.
Para la derecha, todo esto es
demasiado. Ha tenido que defenderse con la espalda contra la pared, dado que
las reformas ya no son meramente cosméticas. Es la derecha económica la que se
ve afectada. Hacia sus recursos es donde apuntan dichas reformas
Cuando se habló de reforma
tributaria que sacaba al FUT como eje central de la tributación de las
empresas, pusieron el grito en el cielo afirmando que este FUT había sido el
que logró el crecimiento de nuestro país, que era un gran incentivo para la reinversión
de utilidades y que todas las penas del infierno caerían sobre nuestro país si
llegaba a prosperar una ley que no lo considerara.
Efectivamente, el proyecto de ley
que Arenas jineteó en el Congreso no lo consideraba. El sistema de renta
atribuida cambiaba esencialmente el sistema de tributación de las empresas y
las personas naturales en Chile. Se aprobó en la Cámara de Diputados y pasó al
Senado, donde, también teniendo mayoría, el gobierno transó en una negociación
que echó por tierra lo que era el proyecto en si e incluyó un sistema
semi-integrado, cuyo resultado final es más caro que el atribuido.
Para la foto en el Senado, con la
firma del acuerdo, junto con el Ministro Arenas, se pusieron senadores desde la
UDI hasta al PS. En la votación para aprobarlo, ni hubo ningún voto en contra,
sólo una abstención.
Pero el tema no acabó en con
esto. La prensa, junto a las asociaciones de empresarios, continuaron insistiendo
que la recién promulgada ley, era enredada, difícil de implementar y el SII no
sería capaz de implementar.
La reforma educacional también
apuntaba a un lugar sensible de la derecha: el fin de lucro en el sistema y la
gratuidad para los alumnos, financiados todos, por fondos estatales, recaudados
por la reforma tributaria.
Nuevamente la derecha saltó a
defender lo suyo. Insistió que también existían conspicuos miembros de la Nueva
Mayoría que eran sostenedores de colegios subvencionados. Insistió también que
los más perjudicados serían los alumnos y sus familias, al caer en un sistema estatal
de educación. Los más exaltados, hasta hablaron que se trataba de la Unidad
Popular reeditando el tema de la ENU.
En este tema, el Gobierno ha
ayudado a la controversia al mostrar algunos titubeos en sus precisiones sobre
la gratuidad. Especialmente, en indicar quienes serían los favorecidos. Al
parecer, ha echado pie atrás en el tema de hacer universal la gratuidad.
Claramente, donde más ha saltado
todo el sector que defiende a la derecha económica, es respecto a la reforma
del Código del Trabajo y derecho a reemplazar trabajadores en huelga.
Ex ministros de estado,
economistas que trabajan en ONG de inspiración derechista y todo aquel que está
en contra, ha encontrado tribuna en la prensa escrita, haciendo declaraciones
que esta reforma acabará con el crecimiento en Chile, que la inversión se irá a
otros países.
Al leer estas declaraciones,
incluso si se hace entre líneas, no es posible encontrar antecedentes fidedignos
o información científicamente respaldada. Todo obedece a opiniones, a deber
ser, a sugerencias, dictadas como dogmas,
sobre lo que es mejor para el país. Esto, por supuesto, enmascarado en el
perjuicio que significará para los trabajadores, la inflexibilidad de las
normas de contratación, que el desempleo aumentará, que dejarán de crearse
nuevos empleos y que todos estos cambios perjudicarán a quienes están
sindicalizados. Se presenta la paradoja que los dirigentes gremiales de los
empresarios, aparecen defendiendo los derechos de los trabajadores contra las
reformas.
Pero el Gobierno sigue existiendo
y tiene mayoría en ambas cámaras. Las reformas en trámite legislativo continúan
su marcha y el Ministro Valdés, anunció que enviará al Congreso un proyecto
para que sea la ley la que determine a cual sistema adscribe cada empresa. Sin
olvidar que ya están en el congreso, 2 leyes sobre la reforma educacional y la
reforma laboral, donde aún se discute sobre el reemplazo en caso de huelga…
La derecha sabe que la pelea
legislativa la tiene perdida. Salvo que se vote un día en que no vayan todos
los parlamentarios de gobierno, lo más probable es que todas estas reformas
salgan aprobadas.
También está marcada por el
problema de Penta y SOQUIMICH. Novoa estuvo con arresto domiciliario, Délano y
Lavín siguen con sus medidas cautelares. Este tema recién está comenzando.
Existe una alta probabilidad que se acelere cuando nos estemos acercando a
períodos pre-eleccionarios. Y aunque aquí, también aparezcan involucrados
políticos de todos los colores. Nadie puede alegar absoluta inocencia y esto
tendrá un correlato en los resultados de las próximas elecciones.
Aparentemente, la UDI es quien se ve más perjudicada, dado su permanente papel
de acusar de negociados a los gobiernos de las Concertación, apareciendo como
el Pepe Grillo de la política chilena y que los hechos han desmentido
.
Y a propósito de próximas
elecciones, las parlamentarias de diciembre de 2017, serán las primeras que se
efectúen con los nuevos distritos y circunscripciones electorales, más el
sistema proporcional. Al respecto, se pueden efectuar estudios, hacer encuestas
o proyecciones, pero un resultado confiable, será muy difícil vaticinar, dado
que no existe historia, ni en la división territorial, ni en los candidatos que
se presenten, ni en la forma de quedar designados.
¿Qué le queda entonces a la
derecha?
Orquestar una campaña contra el
gobierno, como la que se ha visto las últimas semanas. Insistir que el
gobiernos es malo, que perdió el rumbo, que el peor error del electorado fue
elegir a MB presidente, que no se puede dirigir con un porcentaje de aprobación
tan bajo y de rechazo tan alto, que el país no está creciendo, que el equipo de
gobierno está dividido, que son incapaces de ponerse de acuerdo y de librar al
país de la caída al despeñadero, como ellos si fueron capaces de hacerlo cuando
fueron gobierno.
Esto se ve en la televisión, en
la prensa hablada y en la escrita, afecta a ese sector, que no es menor, y lo
indican, tal como lo dijimos, parlamentarios, ex ministros, dirigentes políticos, gremiales, eternos
candidatos presidenciales sin más apoyo que el espacio que generosamente le
otorgan los diarios de derecha, algunos políticos de la Nueva Mayoría que no aceptan verse desplazados a segunda
o tercera línea y que bailan al ritmo que les determina la derecha.
¿Qué le queda al gobierno?
Tratar de recuperar, urgentemente, la agenda.
Que logre crear hechos políticos que le permitan manejar los titulares de la prensa y combatir todas las críticas que recibe de la oposición. Ordenar a los partidos de la Nueva Mayoría, cuya indisciplina, hoy por hoy,
recuerda la indisciplina que mostraron los partidos de la Unidad Popular y que
nunca vimos durante los otros 4 gobiernos de la Concertación. Que aparezca, en
algún momento, un hecho político que signifique lo mismo que significó el
rescate de los 33 mineros durante el gobierno de Sebastián Piñera, que le
permita afrontar en buen pie, la elección de concejales y alcaldes, en octubre
de 2016. Y que la fiscalía no encuentre méritos para formalizar a nadie, en el
caso Caval.-
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